El éxodo de la esclavitud: talleres clandestinos en La Matanza
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Hacinados y olvidados: los talleres clandestinos de costura del conurbano
escapan de los allanamientos desde su ingreso en el 2006. Si bien los
trabajadores están en condiciones infrahumanas, un informe de la cooperativa La
Alameda reveló que los talleres se han incrementado debido a la coima policial.
Una investigación sobre el trabajo esclavo, de la mano de las grandes marcas.
Por Nadia Pinto
“No hay belleza en una prenda si esta se produce con hambre y sufrimiento”, dijo Mahatma Gandhi. Con esta frase breve y contundente, el líder hindú delató el mecanismo feroz que desde hace décadas viene atentando contra la libertad de los pobres por medio de la explotación laboral. Un sistema que ya no sorprende en nuestro país.
Gustavo Vera, presidente de la cooperativa textil “La Alameda”, denunció que el año pasado se instalaron 400 talleres clandestinos en La Matanza. En este negocio que ya ronda los 5.000 locales ilegales en conurbano, participan las primeras marcas de indumentaria que sostienen a la industria por medio de la esclavitud, mientras que las autoridades se llevan una parte de la ganancia.
La Matanza, como partido con mayor número de habitantes en la provincia, es una de las zonas más afectadas. Esto se debe a que mueve todo el capital de la industria textil argentina por medio de la mano de obra barata proveniente de inmigrantes indocumentados.
La oleada de los talleres clandestinos en suelo bonaerense comenzó en 2006, de la mano de una tragedia: a mediados de ese año, un incendio terminó con la vida de seis personas de nacionalidad boliviana cuando el cable de una de las máquinas hizo falso contacto en un taller ubicado en el barrio porteño de Flores. Se supo así que, en condiciones paupérrimas, esta familia trabajaba para grandes marcas textiles sin tener ningún seguro ni cobertura por parte de esas empresas.
Si bien el tema abrió un amplio debate en la opinión pública y un sinfín de requisas en la Capital Federal, la mayoría de los talleres que empleaban mano de obra esclava se instalaron en las villas 1-11-14, de Ciudad Oculta, y las 20, 21 y 31, de Retiro, mientras que ya para fines de 2006, unos primeros 700 talleres incursionaron en la provincia.
Este éxodo cambió la situación de la Ciudad de Buenos Aires: una inspección del gobierno porteño estimó que de los cinco mil talleres clandestinos que había, se bajó a tres mil en los últimos tres años. Pero el hecho es que nunca se clausuraron, sino que se fueron adentrando en el área metropolitana, mientras que la justicia seguía allanando lugares específicos y los medios cubrían el tema cuando ocurría alguna noticia aislada.
Denuncias no escuchadas
Actualmente, existen entre 15 mil y 20 mil talleres “en negro” en el Partido de La Matanza, de los cuales 5 mil tercerizan con lugares clandestinos. Abastecen la industria no sólo de las primeras y segundas marcas de indumentaria, sino también de todas las ferias de barrio y paseos de compra, como el mercado Central, La Salada y La Saladita, entre otras.
Los 400 talleres
denunciados por La Alameda se encuentran en las localidades de Villa Celina,
Villa Madero, Ciudad Evita, Aldo Bonzi y Laferrere, y en las zonas urbanas como
Ramos Mejía y Lomas de Millón que están en límite con la Capital Federal. La ONG
explicó que la explotación se realiza por condición de servidumbre, promesas de
pago y hacinamiento.
En una entrevista telefónica, el ex presidente de la Cámara industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Héctor Kolodny, agregó que la mayoría de estos nuevos talleres funcionan en cualquier casa familiar, ya que la propia precariedad permite que aparezcan y desaparezcan rápidamente para trasladarse a zonas más convenientes.
Datos proporcionados por La Alameda revelaron que la mayoría de los talleres “truchos” trabajaban para firmas como Soho, Mimo & Co. y Etam, y cobran alrededor de 3,00 a 3,50 pesos la hora, más 1,50 por producción de prenda. Las denuncias vienen de la mano de los propios costureros y vecinos del barrio, mientras que otros casos ya entraron en una causa penal, donde se investiga la responsabilidad de un determinado número de dueños que están asociados a las marcas que, en mayor medida, son las que tratan de cubrir la situación.
Uno caso particular es el de un taller ubicado en Villa Celina, donde los trabajadores tienen una jornada laboral de 12 horas diarias y están indocumentados. No sólo están expuestos a la mala conexión del cableado eléctrico, sino que los costureros nunca recibieron comida ni desayuno y les adeudan gran parte del sueldo.
No sorprende que muchos casos toquen esa localidad, porque en esa zona se concentra la mayor cantidad de talleres clandestinos que proveen a La Salada y al Mercado Central. Un punto clave es el barrio 17 de noviembre, mejor conocido como “Pequeña Cochabamba”, donde conviven alrededor de un 90% de extranjeros de origen boliviano y, a pesar de que el lugar carece de asfalto, cloacas e iluminaria, es una zona ubicada de forma estratégica ya que están a pasos de la Capital Federal y a metros de los grandes mercados del Conurbano.
Ante esta forma de explotación, una de las autoridades de la Cámara Textil de la Indumentaria (CIAI), Juan Carrera, aseguró que existe una unión de la atomización con el mercado de valor que se da tanto en Capital como el conurbano. Esto significa que la realización de las prendas se basa en un sistema de producción donde se necesitan muchos talleres para fabricar distintas partes de una misma prenda; por otro lado, los minoristas compran a proveedores que le dan facturas en regla pero subcontratan en negro. Para Carrera, la solución no es clausurar todos los talleres clandestinos sino controlar los establecimientos medianos que trabajan en negro, facilitar el “blanqueo” de personal otorgando créditos a cooperativas, acordar con las cámaras para que asuman una parte de la responsabilidad y promover la concientización de los consumidores sobre el origen de la ropa.
El “control” policial
El titular de La Alameda, por su parte, considera que no es tan sencillo blanquear la situación de miles de costureros que están en situación de esclavitud. De hecho, sostiene que ya es muy difícil realizar una investigación dentro de La Matanza, porque es una de las áreas menos controladas y con pocas inspecciones en comparación con la Ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que hasta el momento, ningún juzgado federal trató el tema de los talleres clandestinos con vista a regularizar la situación.
En 2007, se realizó el primer operativo del conurbano: se trató de desmantelar maquinarias en el barrio José Luis Cabezas, de Isidro Casanova. El detonante fue que los vecinos estaban cansados de los continuos cortes de luz porque el taller sobrecargaba los medidores comunitarios que existían en la zona, no apta para el desarrollo industrial.
El allanamiento que se realizó en 40 talleres fue coordinado por la Municipalidad de La Matanza, inspectores policiales y la Policía Federal, al tiempo que los vecinos, que tuvieron un asesoramiento de la Defensoría porteña, presentaron una denuncia penal ante el municipio de Morón. El conflicto llegó a tal extremo que algunas personas inclusive quisieron frenar las camionetas para que no retiraran las prendas mientras que otros pretendían prenderles fuego a los talleres.
Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dijo sentirse “conforme” con el procedimiento, los vecinos no tuvieron respuesta con respecto al consumo de energía, la trata de personas y la reducción a la servidumbre, así que por intermedio de La Alameda denunciaron el hecho ante la Defensoría porteña y el Observatorio de Derechos Humanos de migrantes Bolivianos, creado después del trágico accidente del 2006.
Vera denunció que la Municipalidad de La Matanza actúa de manera impune porque el 54% de la energía que debería ser suministrada a los barrios carenciados, se le otorga a los talleres clandestinos, en una estrategia por “financiar el desarrollo comercial de las grandes marcas”.
A esto se suma la coima de la bonaerense para hacer caso omiso a la situación. En el barrio 17 de Noviembre, de Villa Celina, muchos vecinos y ex costureros soportan allanamientos “truchos” de los que extorsionan a los indocumentados a pagar cierta suma de dinero para que no les secuestren las máquinas. La policía llega a cobrar veinte pesos por cada denuncia de explotación. Esta forma de actuar de los efectivos se venía manifestando en la Capital Federal, donde incluso cobraban entre 500 y 1.000 pesos para hacer “la vista gorda” ante las irregularidades.
Un mercado que crece cada día
El negocio textil es uno de los más prolíficos del país: según las cifras de CIAI, es un negocio que mueve alrededor de 750 millones de dólares por año en Capital y GBA, e inclusive supera tres veces a las exportaciones de vinos argentinos, dos meses de facturación de la industria automotriz y el total de las exportaciones anuales de software y servicios informáticos del país. La millonaria cifra representa entre el 30 y el 35% de todo el dinero que mueve el negocio de la indumentaria y, según señaló el director ejecutivo de la Cámara, Héctor Kolodny, la mitad de la producción de prendas proviene de lugares clandestinos.
Por su parte, el titular de la Unión de cortadores de la Indumentaria, Heraldo Mage, indicó que el estado tiene las atribuciones necesarias para detectar estas irregularidades pero si no lo hace es porque existe una convivencia entre los inspectores y el pago de coimas. Mage también denunció que la tercerización acabó en trabajo en negro porque muchas empresas, como el caso de Soho y Mango terminaron vendiendo las máquinas a sus operarios como forma de pago, saliendo del sistema de trabajo laboral en una planta.
Aunque se realicen operativos conjuntos, la solución va por otro lado: es difícil arreglar una problemática cuando existen coimas policiales y patoterismo de barrabrava a la vuelta de la esquina. Una nueva reforma puede blanquear los talleres clandestinos si las grandes firmas aceptan su responsabilidad. Aunque suene utópico, los polos textiles de Barracas y San Martín ya son la esperanza de vida para miles de costureros ¿Se podría realizar lo mismo en La Matanza?